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SIGUEN LAS DENUNCIAS | PLAGIOS | La lista de asesorías externas al Senado que analiza el Ministerio Público (Página 3)

Camila Vallejo Copy paste Denuncias Ciper Camara Baja plagio

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51 respuestas a este tema

#41
ChicaLiberty

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13 Septiembre 2017

 

 

 

Comité de Auditoría pide acotar indagatoria sobre asesorías a Guillier

 

 

Según dijo el senador, el organismo le informó que sólo podría revisar un caso específico, pero no todos los informes de sus colaboradores.

 

 

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“El Comité de Auditoría me responde que no tendría facultades para hacer una investigación en general de todos los casos de asesorías externas que yo tengo, pero sí sobre una asesoría específica”, dijo ayer el senador Alejandro Guillier, explicando que ese organismo pidió, de esa manera, acotar la indagatoria.
 
El abanderado presidencial había solicitado a esa instancia que revisara todos los informes que le han preparado sus colaboradores, luego de los cuestionamientos surgidos por las asesorías que le prestó Omar Beltrán, que, según un reportaje de radio BioBio, contenían información copiada de internet.
 
“Eso es lo que el Comité de Auditoría informó a la Comisión de Ética, y yo he recibido copia”, agregó el parlamentario, junto con explicar que realizará una insistencia ante el Comité de Auditoría para ajustarse a la respuesta. “Yo voy a hacer la petición seguramente el jueves sobre el punto específico, que son las asesorías de Omar Beltrán”, señaló.
Precisamente, fue la colaboración de Beltrán en el trabajo parlamentario de Guillier lo que provocó que, posteriormente, la fiscalía solicitara al Senado los respaldos de las asesorías externas de todos los senadores, incluida las del candidato presidencial, provocando una pugna con la Cámara Alta, que se negó a entregar la información tal como fue solicitada y pidió al Ministerio Público que precisara su petición.
 
El tema fue abordado ayer en una reunión de los comités parlamentarios del Senado, en la que participó el presidente de la corporación, Andrés Zaldívar (DC), y los jefes de las bancadas. Al finalizar el encuentro, Zaldívar dijo que “quiero reiterar que el Senado nunca ha negado los antecedentes necesarios para ningún tipo de investigación, siempre que se haga de acuerdo a la ley y la Constitución”. Y agregó que la Cámara Alta tiene “absoluto compromiso con la transparencia, siempre de acuerdo a la ley”.
 
Durante la jornada, además, se produjo una reunión de los comités de la Cámara, cita en la que el presidente de esa corporación, Fidel Espinoza (PS), informó que se adoptarían medidas para evitar irregularidades en las asesorías externas de los diputados. Más tarde, la mesa de la Cámara sostuvo un encuentro con el Comité de Auditoría para analizar las acciones que se llevarán a cabo, que serán presentadas oficialmente hoy a las 15.30 al resto de los parlamentarios.
 
 
 
 
 



#42
ChicaLiberty

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16 Septiembre 2017

 

 

 

Qué hubo tras acusaciones de copy-paste en el Senado: ¿Plagio o maquinación política?

 

 

 

Copiar y pegar no es solo un acto reprobable éticamente, sino que constituye delito. Si además se paga con fondos públicos, es fraude al fisco. ¿Era eso lo que se perseguía o había algo más?

 

 

 

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Defensor público denunció que persecutores excedieron facultades: “a partir de un informe particular” investigan masiva e indiscriminadamente “sin indicios previos de participación en el delito de fraude al fisco”, dijo. “Absolutamente desproporcionado”, ratificó presidente del Senado.
 
La cuestionada intervención del Fiscal Manuel Guerra dio paso a un serio conflicto entre órganos de Estado, interviniendo de paso en la campaña presidencial y mostrando un desigual trato. En casos graves asociados a otro candidato, se apresuró en exculparlo sin investigar. 
 
Denuncias periodísticas de plagio en la Cámara Alta, presuntamente realizado por profesionales e institutos que acompañan la labor de los legisladores, generaron un fuerte conflicto entre dos órganos del Estado, al Senado y el Ministerio Público. Lo anterior se originó cuando el fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, personificó la voluntad de investigar a un senador por un eventual fraude al fisco, lo que se leyó como injerencia política en pleno periodo de elecciones y siendo tal parlamentario un candidato a la Presidencia de la República.
 
Curioso, cuando el mismo persecutor y referido a casos más graves de uso de información privilegiada y negociación incompatible imputados a otro candidato a la Primera Magistratura, en tres oportunidades y sin mediar motivo alguno, se apresuró a exculpar al referido candidato y, aún más, se negó a investigar correos de este o de su familia que pudieran involucrarlo en el caso que se le imputaba.
 
Uso y abuso del persecutor
 
Ello no implica que la justicia no investigue un eventual delito de plagio o de fraude al fisco, pero eso debe enmarcarse dentro del orden jurisdiccional y no por arbitrariedad personal. Por ello las palabras del defensor regional Metropolitano Norte,  Carlos Mora Jano, resultan atingentes: “Todo sistema procesal penal moderno y democrático se sustenta sobre la base de que el ente persecutor debe investigar hechos y no personas. Al respecto, el último oficio dirigido al Senado por la Fiscalía Metropolitana Oriente constituye un hito preocupante”, escribió en una carta al El Mercurio.
 
A su juicio, “en este caso, los fiscales han ejercido sus facultades exclusivas de investigación no solo respecto de hechos determinados -como mandatan los artículos números 1 de su Ley Orgánica Constitucional y 3 del Código Procesal Penal-, sino respecto de un grupo de personas consideradas sospechosas, cual pesca de arrastre. Cuesta entender que, a partir de un informe particular, hoy los fiscales inicien una investigación masiva e indiscriminada que afecta a otras personas sin indicios previos de participación en el delito de fraude al fisco”.
 
El defensor público se manifestó preocupado por “lo que puede transformarse en el inicio de una nueva etapa, que los penalistas llaman derecho penal de autor, y que trastocaría garantías y equilibrios fundamentales del sistema procesal penal, sin mencionar las dudas que despertaría sobre la eficiencia en el gasto de los recursos destinados a la persecución penal.”.
 
Lo que se debe investigar
 
La cultura de la trampa no es solo progresiva, sino que además generalizada. Con origen en el colegio y hasta con la existencia de páginas web que invitan a hacer “la tarea fácil”, es habitual en universidades, donde “el rincón del vago” ofrece trabajos a medida y en empresas, donde informes suelen ser copiados indiscriminadamente, ciertos de la falta de tiempo de las jefaturas para contrastar la información, lo que asegura impunidad. Más que una “fuente de inspiración”, el copy-paste es derechamente una apropiación del esfuerzo de otros en beneficio propio. 
 
Copiar y pegar sin mencionar la fuente es un delito, plagio, esto es, “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”, infraccionándose el derecho de autor. Si además el documento que se produce como consecuencia de esta copia es pagado con fondos fiscales, estamos frente a un delito de fraude al fisco. En los casos que se investigan, en la Cámara de Diputados y ahora el Senado, se trataría de dineros públicos destinados a asesorías parlamentarias. Se agrava la situación por el velo de sospecha, si las mentadas asesorías son verbales.
 
En particular, la investigación debe orientarse a establecer el hecho que se estima constitutivo de delito, no lanzarse a ciegas a ver si se descubre uno, pues al final termina haciéndose “necesario” descubrir algo para justificar la investigación y ello es abusivo y raya en lo ilegal. “Es de esperarse que esta investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente respecto del Senado con sede en Valparaíso se limite a hechos determinados y no nos cabe duda de que los tribunales de justicia así lo entenderán bajo una lógica no inquisitiva. El proceso penal no puede convertirse en una mera cacería de brujas o una salida a pescar”, concluyó Mora.
 
La difícil tarea de ser independientes 
 
El parlamentario que participa en una comisión determinada que estudia en detalle un proyecto de ley, está en pleno conocimiento de las materias de que trata y adopta desde luego una posición que orientará su voto en sala. El problema radica para los otros parlamentarios, la gran mayoría, que solo conocen el proyecto durante el proceso de discusión de este en la sala. Por ello se apoyan en asesorías, de profesionales e instituciones, algunas ligadas a corrientes o partidos políticos, otras de la envergadura de la Biblioteca Nacional, etcétera.
 
También se produce una diferencia, al momento de tener acceso a la información acerca de lo que ocurre en cada comisión legislativa, entre los parlamentarios que pertenecen a partidos políticos y aquellos que actúan como independientes, sobre todo tomando en consideración que existen más de treinta comisiones por Cámara. La situación la describe bien el senador  (Ind.) Carlos Bianchi, quien explica que quienes son parte de un partido político pueden formar “comités” que se reparten la asistencia a comisiones, mientras que los que no representan a ninguna colectividad dependen más de los asesores, ya que “no nos podemos multiplicar”.
 
“Tratamos de asistir al máximo de comisiones y cuando no podemos asistir a algunas, pedimos los informes (…) Estos informes se le piden a la secretaría de la comisión o se envía a algún asesor para que vaya esa comisión y luego nos trae la información de lo que se ha discutido allí (…) Los partidos políticos, como tienen un comité más extenso, se distribuyen en las distintas comisiones. Pero ellos además tienen los institutos y a través de estos se encargan los trabajos. El senador independiente no trabaja con institutos, trabaja con asesores personales o externos, mientras los partidos lo que hacen es trabajar con institutos y cuyos integrantes van y asisten a las distintas comisiones”, dijo el parlamentario a Emol.
 
Nadie está sobre la ley
 
El particular episodio originado por Guerra, (en la foto) y que fue respaldado –una vez más- por el Fiscal Nacional, ha sido la defensa corporativa que despertó el anuncio de investigación entre los senadores y ello ocurrió de manera transversal. Sin perjuicio de que el senador Alejandro Guillier pidió por escrito al Senado que se entregaran a la fiscalía todos los antecedentes de asesorías externas pagadas por él, desde la testera de la corporación y desde diferentes bancadas, manifestaron la oposición a entregar antecedentes fue unánime.
 
¿Por qué ese rechazo? ¿Será porque todos temen que al ser investigados se descubra que presentan informes pagados cuyos dineros fueron desviados a otros fines? ¿O será porque están ciertos que esta vez el fiscal Guerra fue muy lejos y con ello se abre una peligrosa judicialización de la política, donde el Ministerio Público (otrora la institución reconocida como la más seria de nuestra institucionalidad) use y abuse de su poder para subir o bajar autoridades o candidatos? 
 
Interrogantes que por ahora están en desarrollo y que eventualmente deberán resolver los tribunales, si el conflicto escala a esos niveles. Es cierto que Guerra –ya desencadenado el conflicto-, morigeró sus dichos aclarando que sus palabras anunciando investigaciones criminales y determinados delitos respecto de un caso en particular, en realidad se referían a ilícitos que pudieran descubrirse. 
 
Aun así, nadie está sobre la ley, ni los senadores que puedan negarse a ser investigados por hechos que pudieran afectarles, ni un persecutor que maneja sus poderes arbitrariamente. El Estado de Derecho también se construye –o destruye- con actitudes como estas.
 
El rol de los “asesores”
 
Quien encarga una asesoría espera que él o los profesionales tras ella realicen un trabajo serio, de creación o recopilación, según sea el caso, sustentado y respaldado por las fuentes en que se basa. No resulta común que el que encargó el trabajo se dedique a cotejar si este ha sido plagiado o no; sería un sin sentido, para eso mejor hacerlo él mismo, solo que en los casos de parlamentarios resultaría sencillamente imposible de ejecutar, más si son lobos solitarios, como los independientes.
 
Descubierto el copy-paste, como sucedió ya en la investigación en curso en la Cámara de Diputados, la actitud del parlamentario aludido debe ser categórica, como ocurrió en el caso de la diputada Camila Vallejo, quien efectuó un rápido y sincero reconocimiento tras contratar al Instituto de Ciencias Alejandro Lipschut (ICAL) asesorías que cayeron en copy-paste. “Me fallaron, me hago cargo y decidí terminar el contrato”, anunció la legisladora comunista, expresando su voluntad de pagar con su dieta parlamentaria el dinero que se fue en estos informes plagiados.
 
Complicada ha resultado la intervención de institutos y fundaciones asociados a partidos políticos en la ejecución de estos trabajos, porque dan pie a sospechar que el verdadero destino de los fondos es distinto de la “función de apoyo al trabajo parlamentario, para contribuir a la certeza del actuar legislativo, disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, y respaldar el protagonismo internacional del Congreso Nacional de Chile en los foros inter-parlamentarios”, como plantea el portal de la Biblioteca Nacional.
 
Investigaciones periodísticas dan cuenta que la UDI, por ejemplo, gastó $199 millones en informes, de los cuales más de $190 millones fueron a parar a la Fundación Jaime Guzmán, desprendiéndose del análisis de dichas asesorías que copió informes de la propia Cámara, replicó varios de la misma Fundación e incluso un informe fue copiado casi íntegro desde una página web. 
 
Renovación Nacional, por su parte, pagó asesorías por 105 millones al Instituto Libertad, el que incluyó, sin citar, datos obtenidos de fuentes abiertas, tales como la propia Cámara Baja, el Banco Central o el INE.
 
 ICAL, asociada al PC, también habría incurrido en tales acciones contrarias a la probidad, tal como ocurre con casi todos los partidos políticos.
 
Quién es quién en el plagio
 
¿De quién es la responsabilidad de un hecho de esta naturaleza? Habría que contextualizar en la situación del profesor respecto de su alumno, por ejemplo. Si aprueba un trabajo sin medio para percatarse del copy-paste, ¿podría acusarse al maestro por el hecho de su estudiante? Similar situación ocurre con el trabajo parlamentario. Si el diputado o senador encarga un determinado informe a un asesor o institución y este, engañando a su mandante, realiza una copia de textos sin citarlos, asumiéndolos como propios, ¿ello hace responsable al parlamentario, incluso penalmente? 
 
Entonces, ¿cuándo habría responsabilidad del parlamentario que encargó el trabajo? Cuando a sabiendas que el informe es una copia solo para cumplir la formalidad, participa del destino o beneficio de los fondos obtenidos por él, sea que se destinan a otros fines los dineros, por ejemplo a campañas políticas o al partido al que pertenece, o bien porque solo buscaban beneficiarlo a él o a un tercero para pagar favores políticos. Es lo más cercano a las boletas o facturas ideológicamente falsas, solo que en este caso el informe es una burda copia para dar la apariencia que el trabajo sí se hizo, apropiándose de fondos públicos.
 
Distinto es el trabajo que compila lo que pasa en las comisiones legislativas para dar luces a los parlamentarios acerca de qué se ha discutido o concluido allí. Se trata de citas textuales que no intentan hacerse valer como propias de parte de quien informa, no existe a su respecto el dolo (la voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede causar). Ello es muy distinto al plagio, que se ha imputado con demasiada liberalidad y sin acotar a casos concretos con responsabilidades determinadas.
 
En tal sentido se interpretan las palabras del Presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), al comunicar por oficio al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, que no entregará la información solicitada para la investigación aludiendo a que se trata de una acción “absolutamente desproporcionada” y que “excede ampliamente las facultades y potestades de quien ejerce la persecución penal” y además “crea un manto de sospecha sobre la actividad de los parlamentarios, que atenta seriamente sobre el principio de no culpabilidad”.
 
 
 
 


#43
PauloS

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"Curioso, cuando el mismo persecutor y referido a casos más graves de uso de información privilegiada y negociación incompatible imputados a otro candidato a la Primera Magistratura, en tres oportunidades y sin mediar motivo alguno, se apresuró a exculpar al referido candidato y, aún más, se negó a investigar correos de este o de su familia que pudieran involucrarlo en el caso que se le imputaba".

 

"Distinto es el trabajo que compila lo que pasa en las comisiones legislativas para dar luces a los parlamentarios acerca de qué se ha discutido o concluido allí. Se trata de citas textuales que no intentan hacerse valer como propias de parte de quien informa, no existe a su respecto el dolo (la voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede causar). Ello es muy distinto al plagio, que se ha imputado con demasiada liberalidad y sin acotar a casos concretos con responsabilidades determinadas".



#44
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20 Septiembre 2017

 

 

 

Fiscalía arremete y reitera solicitud de informes a todos los senadores

 

 

 

El fiscal Manuel Guerra enfatizó que la información debe ser respondida en un plazo de 15 días, ya que "no existe norma legal que le dé carácter de secreta o reservada".

 

 

 

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El Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, envío un oficio dirigido al Presidente del Senado, Andrés Zaldívar, en el que reiteró los requerimientos de información realizados el pasado 5 de septiembre, en el marco de la investigación por el pago de informes copiados de internet.
 
En ese entonces, y a través de dos oficios, el Ministerio Público solicitó a la Corporación la copia de los contratos de asesorías, y de los informes y reportes presentados respecto a los contratos de asesorías entre 2011 y el 31 de agosto de 2017.
 
En este nuevo oficio, Guerra enfatizó que la información debe ser respondida en un plazo de 15 días y en caso de no poder cumplir con los tiempos, el Senado deberá informar de esta situación para obtener una ampliación de dicho plazo.
 
En el texto, el fiscal plantea la necesidad de “clarificar algunas de sus afirmaciones, las cuales pueden haber influido a su respuesta al Fiscal Nacional”, recordando así la dura reacción que la Corporación envío el pasado 7 de septiembre al Ministerio Público en la que manifestó que no “accederían a lo solicitado en las condiciones requeridas” por “no ajustarse a la Constitución ni a la legalidad vigente”.
 
En ese entonces, la Corporación argumentó que su negativa de colaborar no buscaba “ocultar información ni de pretender dificultar una investigación de carácter penal, sino únicamente de llamar la atención sobre una medida absolutamente desproporcionada, que excede ampliamente las facultades y potestades de quien ejerce la persecución penal que se aleja completamente de la investigación de un hecho preciso y determinado y que surge de la denuncia en referencia y que más bien pretenden dar notoriedad y relevancia pública a quien así la ordena”.
 
Ante esto, Guerra enfatizó que “los fiscales han actuado de conformidad a la Constitución y las leyes, fundando su requerimiento conforme al párrafo 2° del Código Procesal Penal que regula las comunicaciones entre autoridades, en específico el artículo 19 que regula los requerimientos de información, su contenido y formalidades, que se realicen a las autoridades y órganos del Estado”,
 
Y agregó que la normativa establece que se debe “proporcionar sin demora la información que les fuere requerida por el Ministerio Público y los Tribunales con competencia en lo penal, sin que se les esté permitido un análisis de mérito del requerimiento”.
 
En este sentido, sostuvo que “sólo se pueden negar cuando, conforme a la ley, lo requerido tuviere el carácter de secreto o pudiere afectar la seguridad nacional, ninguna cuyas hipótesis han sido esgrimidas para fundar su negativa a entregar información”.
 
Además, Guerra desestimó las críticas del Senado de que la solicitud estaba radicada en las declaraciones del Fiscal Nacional Jorge Abbott. “Se lee claramente del tenor de los oficios remitidos al Honorable Senado por la Fiscalía de Alta Complejidad de esta Fiscalía Regional, que se funda en el artículo 19 del Código Procesal Penal”, se lee en el documento.
 
Dicho artículo referente a “los requerimientos de información, contenido y formalidades” sostiene que “todas las autoridades y órganos del Estado deberán realizar las diligencias y proporcionar, sin demora, la información que les requirieren al Ministerio Público y los tribunales con competencia penal”.
 
En este sentido, el fiscal insistió en el requerimiento realizado por los Fiscales Gajardo y Norambuena, con fecha 5 de septiembre, teniendo presente que la información requerida “es pública, ya que no existe norma legal que le dé carácter de secreta o reservada, conforme lo establece el artículo 8° de la Constitución Política de la República y la Ley 20.285 sobre Acceso a Información Pública”.
 
 
 
 


#45
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21 Septiembre 2017

 

 

 

Guillier por polémica entre Senado y Ministerio Público: “La gente no entiende que los fiscales estén concentrados en esto”

 

 

 

El senador criticó la "espectacularidad" que se está dando a este caso, luego de que la Cámara Alta no aceptara entregar la información requerida correspondiente a asesorías parlamentarias, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el pago de informes.

 

 

 

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El candidato presidencial Alejandro Guillier se refirió a la polémica que mantiene el Senado con la Fiscalía, luego el pasado 5 de septiembre, esta última anunciara que ampliará a la Cámara Alta la causa por asignaciones parlamentarias que indagan un eventual delito de fraude al fisco y pidiera una serie de contratos, informes y reportes que fueron entregadas por empresas asesoras a los parlamentarias.
 
Esto último, luego que saliera a la luz una denuncia contra Guillier quien habría pagado por informes copiados de internet, acusación que es rechazada por el presidenciable.
 
Tras la negativa de la Corporación de responder al requerimiento por considerar que no estaba de acuerdo a la ley y la Constitución, el Ministerio Público arremetió ayer nuevamente contra la Cámara Alta y pidió que la información sea entregada en un plazo de 15 días, ya que “no existe norma legal que le dé carácter de secreta o reservada”.
 
En conversación con Cooperativa, Guillier sostuvo que la polémica entre el Senado y la Fiscalía es un problema “entre dos poderes del Estado que están trabándose en un conflicto, pero no es materia mía”.
 
En este sentido, el senador reiteró que tras la solicitud del Ministerio Público, entregó toda la información pedida para aclarar los hechos por los que se le acusan. “Yo no tengo ninguna información pendiente, que esté reteniendo”, sentenció.
 
Además pidió que se termine la “espectacularidad” que se está dando a este debate.
 
A su juicio, el tema “está perfectamente resuelto en la legislación”: basta pedir la información, y cualquier ciudadano tiene derecho a que se la entreguen (…) Bastaría que el fiscal se metiera a las páginas web y bajara la información; la tendría toda”, dijo.
 
Consultado por la postura que tomó el presidente de la Corporación, Andrés Zaldívar, el candidato dijo que respalda “las decisiones que se toman en defensa de una institución del Estado”,
 
Y agregó que “la ley establece que si un medio de comunicación o cualquier particular te pide una información, tú tienes que entregarla, por Ley de Transparencia”.
 
En este sentido, Guillier insistió en sus críticas a la Fiscalía por “estar al debe” en el combate contra la delincuencia.
 
“Esta discusión lo único que hace es que la gente no entienda mucho lo que hacen la Fiscalía y el Senado, porque la gente lo que quiere es que se investiguen los delitos contra la propiedad”, aseguró a Cooperativa.
 
Y agregó: “En este momento, en que el 90 por ciento de los casos ni siquiera se investiga, la gente se siente en la más completa indefensión y no entiende este cuadro, y menos que los fiscales estén concentrados en esto, cuando basta pedir la información en las mismas páginas del Congreso, si es que realmente tienen interés en el tema… Mientras tanto, la gente se siente en la impunidad”, sostuvo.
 
 
 
 
 


#46
Alberich

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¿A qué le teme, Sr Guillier?



#47
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21 Septiembre 2017

 

 

Diputados preparan batería de medidas para controlar el sistema de asesorías externas

 

 

 

Zaldívar y Larraín bajo el síndrome de la Cámara de los Lores

 

 

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El estallido del caso de las asesorías parlamentarias ha marcado un punto de inflexión entre la Cámara de Diputados y el Senado. La diferencia a la hora de abordar el conflicto ha traído consigo roces y fuego cruzado entre la presidencia de ambas cámaras, un quiebre que no se veía hacía tiempo en el Congreso. Más allá del conflicto por la transparencia y probidad, todo sería originado por una pugna más de fondo, entre el Senado y el Ministerio Público, un gallito de poder en que nadie quiere ceder y que parece no tener fin, y en el cual Andrés Zaldívar y Hernán Larraín lucen sus pelucas invisibles, conferidas por el peso de la aristocracia política criolla que buscan representar, una versión sudamericana de la oligarquía legislativa de los lores.

 

 

 

El caso de las asesorías parlamentarias externas ha traído consigo una constante tensión al interior del Congreso. No solo porque, una vez más, los parlamentarios se han visto involucrados en un escándalo, sino también porque la Cámara de Diputados y el Senado han entrado en una pugna y contradicción de tesis para abordar el conflicto, que ha sacado chispas entre los honorables.

 
Los dimes y diretes entre las máximas autoridades de ambas cámaras han dejado en evidencia que el Parlamento no ha logrado llegar a un consenso respecto a cómo afrontar la investigación que lleva el Ministerio Público. La opción de la Cámara Baja fue entregar más de 3.500 informes sobre asesorías externas, y “todos los antecedentes que estaban en nuestro poder”, explica Fidel Espinoza (PS), presidente de la Cámara de Diputados.
 
En cambio, el presidente de la Cámara Alta, el senador Andrés Zaldívar (DC), se negó a lo solicitado por el Ministerio Público. Por medio de un oficio reservado hecho llegar a la Fiscalía, el Senado estableció que la petición –realizada a partir de los informes del senador y candidato a la Presidencia, Alejandro Guillier– “indiciariamente desliza la posibilidad de la existencia de otros ilícitos, sin que exista base alguna para ello, lo que junto a la manera en que se solicita, en especial a su difusión pública, termina por causar un grave daño a la imagen de esta Corporación”. Razón por la que le solicitó al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, identificar las pruebas, parlamentarios e informes involucrados, para entregar la información en específico.
 
Un panorama que evidencia, según Alberto Precht, director de Chile Transparente, “dos vías jurídicas diferentes”, y una, en específico, “atentatoria contra el derecho a la información, que es la que realiza el Senado”. Además, deja en evidencia dos salidas políticas a un conflicto que “podría haber sido más sencillo. Pero la postura de algunos senadores dejó en claro que es difícil avanzar”, plantean desde el Congreso.
 
Aunque la frase “a mí no me corresponde hacer juicios sobre lo que haga el Senado” es constante entre los diputados, la crítica a la postura adoptada por sus pares no pasa inadvertida en los pasillos del Congreso. “No hay persona en Chile que puedan estar sobre la ley”, enfatizó el diputado Espinoza, mientras que su par, Osvaldo Andrade (PS), hace hincapié en que si “el Senado ha tenido una actitud distinta, ellos tendrán que explicar las razones”.
 
El senador UDI Hernán Larraín señala que, en el referido caso, solo “se justifica que se investigue al senador Guillier”, porque él cuenta con antecedentes que respaldan la solicitud de la Fiscalía, pero no así el resto de los honorables, a pesar de que el fiscal Guerra haya señalado que la solicitud se debe a “una igualdad de trato”. Esta definición tendría “bastante consenso, de que este es el camino que hay que seguir”, tanto en senadores opositores como oficialistas.
 
 
Posturas que son vistas con distancias desde el Senado, en donde afirman que sus pares o “hermanos menores” se “han pasado de revoluciones, sembrando dudas innecesarias”. El senador Zaldívar ha asegurado que no se referirá a la postura de la Cámara, pero sí ha salido en defensa de la opción de la Cámara Alta y señaló que esta “nunca se ha negado a entregar los antecedentes, siempre que se pidan de conformidad con la Constitución y la ley”. Asimismo, reconoció que ha habido un ataque injustificado en contra de la Corporación, “se nos ha desfigurado, descalificado, y yo siento que al Senado se le ha tratado de una forma despectiva”.
 
El presidente de la Cámara Alta explicó que no es necesario que agentes externos los fiscalicen en esta materia, ya que “en forma permanente (el Senado) está revisando, a través de su Comisión de Régimen Interno, todos los ajustes que sean necesarios en su actividad”. Sostiene que, a pesar de que los procedimientos actuales “no son óptimos”, las dificultades se han ido solucionando.
 
Larraín y Zaldívar: la dupla del statu quo
 
Según fuentes del Congreso, esta disputa o diferencia en la forma de abordar el conflicto en ambas cámaras estriba en dos líneas distintas respecto a la apertura que debe tener el Poder Legislativo de cara a la ciudadanía. La tesis de impregnar a la Cámara de Diputados con una impronta de extrema transparencia provendría desde la administración de Andrade, quien presidió hasta principios de año a los diputados y ha sido continuada por el diputado Espinoza, quien se “ha jugado el pellejo en esta cruzada”, asevera uno de sus colaboradores cercanos.
 
“Es mejor ponerse rojo una vez, oiga, y no amarillo permanentemente. Yo siempre he sido de una sola doctrina: la investigación que se realice, que la realice el órgano que corresponde, que para estos efectos es el Ministerio Público. Yo puedo tener críticas respecto a la actuación del Ministerio Público en muchas cosas, pero en este plano creo que simplemente uno tiene que limitarse a colaborar”, indica el diputado Andrade.
 
Esta tesis se contrapone a la determinación tomada por Zaldívar, quien –de acuerdo a fuentes del oficialismo– habría sido fuertemente influenciado por el senador de la UDI, Hernán Larraín.
 
El senador ha señalado en diferentes ocasiones que el Ministerio Público debe especificar la solicitud de información para su investigación, “pero nunca ha negado que la ciudadanía pueda tener acceso a esa información”, recalcan desde la oposición.
 
Para el presidente de la Cámara de Diputados, Larraín “ha sido el más férreo opositor a que se entreguen los informes”, postura que –en opinión de Fidel Espinoza– se contrapone a la línea que el mismo senador impulsó en 1998, cuando en el marco de discusión del proyecto de Reforma Procesal Penal “construyó una indicación que hace que hoy día todos los organismos del Estado tengan que entregar de manera obligatoria la información cuando lo amerite, cuando la solicite el Ministerio Público”.
 
Hernán Larraín estima que “sería muy injusto que se diga que el Senado está ocultando información”, aún más en su caso, “que he impulsado la transparencia, no estoy ocultando información”. Explica que Zaldívar “ha tenido informes de abogados que lo han asesorado” y que también se ha reunido con distintos senadores, pero que no es “el autor de la tesis de lo que ha impulsado el Senado”. Para el senador Larraín es importante distinguir lo que ha solicitado alguien por Transparencia de lo que hace un fiscal. “Cuando un fiscal solicita información dentro de una investigación penal, tiene que haber algún hecho que justifique esa solicitud; (si no es así) los investigados quedan expuestos a la arbitrariedad de un fiscal”, apunta.
 
Pese a que los senadores se han cuadrado públicamente con la opción que ha tomado la presidencia de la instancia, principalmente porque esperan que la Comisión de Ética tome postura al respecto, las críticas a nivel interno también se han hecho presentes.
 
En un principio, algunos senadores accedieron a entregar la información de sus asesorías externas, entre ellos, Fulvio Rossi y Juan Pablo Letelier, pero la instrucción de que no se haría entrega de informe alguno hasta que el Senado tomara una definición a nivel institucional, llegó de inmediato a los parlamentarios. Para algunos senadores del oficialismo esta posición es un “balazo en los pies. Cuesta comprender que no se entregue la información, pero la idea de que esto pudiera terminar con diputados y senadores desfilando por Fiscalía siempre asusta”. Además, agregan que esta postura “poco dialogante” solo aumenta el desprestigio en el cual se encuentra el Congreso actualmente.
 
Postura de Zaldívar y Larraín, que –a juicio de distintos diputados– hace presente la diferencia que existe entre la política y la impronta que intentan impulsar los “nuevos políticos” de la Cámara y que aumentan el manto de duda sobre el Congreso, dejando en claro que “algo en el Senado huele a añejo, solo se busca mantener el statu quo”, a la vez que recuerda que “la cocina del Senado, de Zaldívar, sigue más viva que nunca”, aseguran desde la Cámara.
 
Pero no solo en el Senado se habría intentado levantar esta posición basada en lo que se ha denominado “secretismo”. En la Cámara de Diputados también se habría intentado propiciar un cortafuegos al proceso de investigación, al menos a nivel institucional.
 
En el marco del impulso de una serie de medidas para la restricción del ejercicio y pago de asesorías externas cuestionadas, por parte de la Cámara Baja, se ha desencadenado una fuerte resistencia de la bancada de oposición. “La UDI está aterrada de que el Ministerio Público se meta más a fondo en este tema, muy aterrada, ellos no quieren nada”, afirma un honorable. Complicada postura que se combinaría con la indiferencia “de varios diputados de la Nueva Mayoría”, que “hacen caso omiso a la crisis y críticas de la ciudadanía”, agregan desde el seno de la Cámara de Diputados.
 
La postura impulsada por Zaldívar no solo ha traído diferencias y marcado tensión con la Cámara, sino también ha roto un proceso de trabajo y “complicidad” que habían mantenido los presidentes de ambas instancias en los últimos años. Es recordado en el Congreso el trabajo que mantuvo el senador Patricio Walker (DC) con el diputado Marco Antonio Núñez (PPD), “a pesar de las grandes diferencias entre ambos”.
 
Por otra parte, el periodo en que compartieron el diputado Osvaldo Andrade (PS) y el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) marcó un punto de inflexión en cuanto a trabajo en conjunto, en el momento en que ambos hicieron un mea culpa en medio del estallido de los casos de financiamiento irregular a campañas políticas. “En lo personal y a nombre de nuestra Corporación, considero imprescindible reconocer que hemos cometido errores”, indicó Andrade, mientras que el senador Lagos Weber apuntó a que solamente “una conducta impecable y transparente” les permitiría “recuperar la confianza ciudadana, solo así podremos cumplir el compromiso asumido de construir un país más inclusivo”.
 
“Parece que el senador Zaldívar está remando para otro lado”, opina un parlamentario oficialista. “Esto es preocupante, porque marca un retroceso en lo que se ha construido los últimos años”, agrega.
 
Pugna con el Ministerio Público
 
Pero en el Congreso no todos apuntan a Zaldívar por la posición adoptada en el Senado. Aseguran que el verdadero núcleo del conflicto no pasa por la transparencia en el Poder Legislativo, sino por una serie de atribuciones que se ha tomado el Ministerio Público que “no tienen asidero legal”.
 
Destacan que, a pesar de que el caso estalló a raíz de una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, es fruto de una autodenuncia. En su declaración ante la Fiscalía, la ex asesora de la bancada de la UDI, Lily Zúñiga, reconoció que había realizado asesorías externas y que el pago de estas eran reembolsadas a la diputada UDI Claudia Nogueira. Es esta arista la que terminó desencadenando un proceso al interior de la Cámara Baja que se inició en el año 2016, pero que no había alcanzado al Senado, hasta que el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, solicitó más informes a la Cámara Alta.
 
Para el diputado Andrade esta “es una pugna entre dos poderes del Estado: uno el Senado de la República, que tiene esta disposición y esta voluntad, y el Ministerio Público, que señala que corresponde que se le entregue la información”. Según el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, en este caso “el presidente del Senado está en su derecho al señalar que, en caso de una investigación penal, se requiere especificidad, o al menos un indicio, y que el requerimiento no debe ser de carácter genérico”. Esto, debido a que la Fiscalía no tiene un rol fiscalizador sino persecutor.
 
El especialista explica que, en este caso, el argumento jurídico tiene asidero, pero que sobre la base de la Ley de Transparencia el Senado no debiera negar dicha información a la ciudadanía, porque es pública. Además, a juicio de Precht, la “negativa del Senado da cuenta de que en este caso no tenemos el derecho al amparo”, ya que no se puede acudir al Consejo para la Transparencia, solo se puede acudir a las Comisiones de Ética, que están conformadas por los mismos parlamentarios.
 
El senador de UDI Hernán Larraín señala que, en el referido caso, solo “se justifica que se investigue al senador Guillier”, porque él cuenta con antecedentes que respaldan la solicitud de la Fiscalía, pero no así el resto de los honorables, a pesar de que el fiscal Guerra haya señalado que la solicitud se debe a “una igualdad de trato”. Esta definición tendría “bastante consenso, de que este es el camino que hay que seguir”, tanto en senadores opositores como oficialistas.
 
Para un sector de los parlamentarios este gallito con el Ministerio Público marca una tensión entre el poder que puede tener el Congreso frente a un organismo que, de una u otra forma, es dirigido por un Fiscal Nacional que “es nombrado, ratificado por el presidente del Senado. Por eso Zaldívar solo tratará con Abbott”, indican.
 
Un juego que se murmura entre los pasillos del Congreso y que tomó más fuerza cuando el senador Zaldívar respondió la solicitud del fiscal Gómez de forma indirecta, por medio de un oficio al Fiscal Nacional. Al ser consultado al respecto, el senador respondió a la prensa que “las relaciones se hacen en forma institucional, si tengo una relación yo, como presidente del Senado, la tengo directamente con el Fiscal Nacional, no la voy a tener ni con el segundo ni con el tercero del Ministerio Público. Y, en el caso del Senado, no puede tener con nadie relaciones institucionales sino a través de quien corresponda”.
 
“Sería un error gravísimo que uno se empezara a relacionar con los fiscales regionales o los fiscales provinciales, no sé, no. Yo le mandé el oficio a quien correspondía. El Senado se lo manda al Ministerio Público y el representante del Ministerio Público es el Fiscal Nacional”, remató Zaldívar.
 
Mientras en el Senado continúan esperando la respuesta del Ministerio Público, en específico de Abbott, en la Cámara de Diputados preparan una batería de iniciativas que buscan aumentar los cortafuegos para el mal uso de las asesorías parlamentarias externas. Según Precht, este “es un buen momento para que, de una vez por todas, se tome en serio el tema de las asesorías parlamentarias”, lo que ha sido atendido por los diputados.
 
Los principales cambios a implementar en la Cámara de Diputados son la suspensión del pago de las asesorías externas “mientras no se subsanen las observaciones que se hayan formulado a los informes”. Además, se publicarán todos los informes en el sitio electrónico de la instancia, una vez transcurrido el plazo de los 30 días corridos contados desde que se entrega el material. También se publicarán, por un lapso de 30 días, las sanciones que se le apliquen a los asesores involucrados y se mejorará el sistema de rendición de las asesorías, incluyendo a los denominados “orejeros” y asesoramientos verbales.
 
 
 
 
 


#48
ChicaLiberty

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21 Septiembre 2017

 

 

 

Cámara suspende votación de informe por caso Exalmar en medio de nuevas acusaciones de “copy-paste”

 

 

 

El presidente de la Corporación, Fidel Espinoza, había indicado durante la mañana que no podía entregar públicamente las razones del aplazamiento.

 

 

 

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La polémica por los casos de “copy-paste” no se quiere ir del Congreso. Y este jueves reapareció desde un ángulo insólito: el informe de la comisión investigadora por el caso Exalmar.

Se preveía que dicho informe -que se constituyó para indagar la eventual participación del ex presidente Sebastián Piñera en la compra de acciones de la pesquera peruana- fuera sometido a votación durante esta jornada.

Sin embargo, la votación se suspendió y se pospuso por un par de semanas, hasta el regreso del período distrital.

La incógnita se acrecentó cuando el propio presidente de la Cámara, Fidel Espinoza (PS), señaló que no podía entregar públicamente los motivos por los que se aplazó la votación.

Pero la razón sería de peso, sobre todo en el marco de las últimas polémicas. De acuerdo a radio Bio Bío, lo que ocurrió fue que se descubrieron partes del documento idénticas a artículos de prensa chilena y peruana, que estaban incorporadas textualmente y sin atribución. Es decir, un nuevo “copy-paste”.

Esto en medio de las críticas de los diputados de Chile Vamos, que acusaron prisa de la Nueva Mayoría para votar el informe y así asestar un golpe político a Piñera en medio de la carrera presidencial, reflotando el caso del que el ex mandatario fue sobreseído judicialmente.

 

Fuente:  http://www.latercera...nes-copy-paste/



#49
ChicaLiberty

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21 Septiembre 2017

 

 

 

Los párrafos con “copy-paste” en el informe sobre el caso Exalmar que se iba a votar en la Cámara

 

 

 

Un reportaje de Ciper Chile, otro de T13 y un artículo del medio peruano Útero aparecen entre los contenidos idénticos al documento, que no alcanzó a ser sometido a sufragio.

 

 

 

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“Al menos dos de sus hijos todavía eran menores de edad cuando Piñera los incorporó como socios de sus empresas. Esto demuestra que ellos no generaron el dinero que hoy está a su nombre y que su patrimonio está completamente fundido con el de su padre”. El párrafo, hasta hoy, correspondía a un reportaje de Ciper Chile publicado el 15 de mayo de este año por la periodista Francisca Skoknic. Pero también era el texto exacto contenido sin ninguna cita o atribución en el informe que la Cámara de Diputados se aprestaba a votar sobre el caso Exalmar. Proceso que fue suspendido debido al “copy-paste” en varias de sus partes.

 

Según el borrador al que tuvo acceso La Tercera, la cita aparece en la página 7 de las conclusiones del informe, tal como en la versión original y sin ningún crédito a Ciper. De hecho, varios de los párrafos del reportaje (“Las sociedades en que se funde la fortuna de la familia Piñera Morel”) son reproducidos textualmente y constituyen la mayor parte del segundo punto del documento, subtitulado “Sobre el patrimonio y “fragmentación” de las inversiones de Sebastián Piñera”.

Pero el “copy-paste” no termina ahí. Más adelante, en la página 12 de las conclusiones, hay otro punto titulado “Sobre los Beneficios posteriores obtenidos por Exalmar luego del diferendo marítimo Chile- Perú”, que, entre otras cosas, señala: “El nuevo dominio marítimo, de acuerdo con el informe de la investigación pesquera de IMARPE, ha incrementado el stock de recursos pesqueros disponibles. Después de sus investigaciones in situ, han confirmado que en el mar “obtenido” por Perú, luego del diferendo, abunda la presencia de las especies vinciguerria, pota, bonito y anchoveta, entre otros peces”.

 

Dicha descripción calca de manera casi exacta con un párrafo del artículo “Y, al final, ¿qué había en el triángulo marítimo que ganamos en La Haya?”, de la periodista Giovanna Castañeda, y publicado en el medio peruano Útero el martes 27 de enero de 2015, un año exacto después del fallo de la corte internacional.

 

Además, en la introducción del texto, en la página 6, en la parte en que se hace alusión a los paraísos fiscales, el informe dice lo siguiente: “En Chile desde 2003 está vigente el Decreto Supremo 628 del Ministerio de Hacienda —que forma parte de las normativas referidas a la Ley sobre Impuesto a la Renta—, que fijó una lista de 39 países o territorios considerados paraísos fiscales. Dentro de esa lista aún permanece Islas Vírgenes Británicas”. Párrafo que también replica de manera casi exacta al de una nota publicada por T13 el 25 de noviembre de 2016.

 

A los “copy-paste” se sumaron reproches internos por lo que se consideró como una elaboración desprolija del informe, con detalles como que el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, aparece mencionado como “Sergio Bermúdez” en una parte del documento.

 

El hecho generó molestia, en especial por la delicada posición en que se encuentra el Congreso tras la polémica por las asesorías parlamentarias y los informes en los que se denunció plagio, algunos en circunstancias similares a las que se acusan en el actual documento.

 

Y aunque el informe no se alcanzó a votar, sí existe un documento que contiene el “copy-paste”: el borrador del informe, fechado en agosto pasado, que está aún disponible en el sitio web de la Cámara de Diputados y que muestra gran parte de los contenidos mencionados sin atribución.

Revisa acá el borrador de conclusiones del informe de la comisión investigadora del caso Exalmar:

 

 

(nota el informe se encuentra en la pagina de la fuente)

 

 

Fuente:  http://www.latercera...otar-la-camara/



#50
PauloS

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¡Que buena!

 

Ahora la derecha pondrá sus voces en criticar los copy-paste de la comisión y así levantar otra cortina de humo sobre el hecho principal: Exalmar y los intereses de Piñera.

 

Y como todo lo que sucede alrededor del turbio, esto se diluirá para instalar una post-verdad personal: "es inocente"..



#51
ChicaLiberty

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:cambio21:

22 Septiembre 2017

 

 

Bancada RN pide a comisión de Ética de la Cámara pronunciarse ante copy-paste en informe Exalmar

 

 

La bancada RN encabezada por el diputado Leopoldo Pérez, pidió a la comisión de Ética que se pronuncie -previo a la votación del informe- sobre la "idoneidad" del texto para ser conocido por la Sala de la Cámara.

 

 

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Luego que la Cámara de Diputados aplazara la votación del informe de la comisión investigadora del caso Exalmar para la próxima semana, la bancada de diputados de RN pidió a la instancia de Ética de la corporación pronunciarse sobre la idoneidad del mismo, tras conocerse la existencia de copy-paste en el documento.
 
El problema fue detectado al momento de revisarse el informe con un software adquirido por el Congreso, con lo cual se encontraron párrafos textuales que incluirían referencias a algunas notas de prensa, sin ser citadas.
 
Hecho que se produce a pocas semanas de la polémica desatada por los plagios en documentos ligados a asesorías parlamentarias.
 
Ante esto, la bancada RN encabezada por el diputado Leopoldo Pérez, pidió a la comisión de Ética que se pronuncie -previo a la votación del informe- sobre la "idoneidad" del texto para ser conocido por la Sala de la Cámara.
 
 
 


#52
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23 Septiembre 2017

 

 

 

La lista de asesorías externas al Senado que analiza el Ministerio Público

 

 

 

En estas últimas semanas, la Fiscalía Oriente está examinando los datos que están en la página de Transparencia de la Cámara Alta sobre los informes realizados por asesores entre 2012 y 2017.

 

 

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Luego de que el 5 de septiembre la Fiscalía Oriente decidiera ampliar al Senado la investigación sobre presuntas irregularidades en asesorías parlamentarias que lleva hace un año respecto de la Cámara de Diputados, hoy el equipo de persecutores están en pleno proceso de recolección de antecedentes.
 
Hace dos semanas, el Ministerio Público pidió al Senado el detalle de las asesorías desde 2011 hasta la fecha, lo que fue reiterado esta semana tras la negativa del Parlamento. Esta solicitud se hizo luego de que una investigación de Radio Biobío revelara un presunto “copy-paste” en un conjunto de asesorías parlamentarias pagadas con las asignaciones del senador y candidato presidencial oficialista, Alejandro Guillier, a la oficina Beltrán Asociados Spa, del abogado Omar Beltrán Valle, quien habría realizado trabajos verbales, telefónicos e informes.
 
El fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, junto al jefe de la Unidad de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, y su par Pablo Norambuena, están examinando información que está en la página web del Senado por Ley de Transparencia.
 
Entre los cruces de datos que están realizando los persecutores, está cuánto dinero se gastó en asesorías externas entre 2012 y 2017 en total y segregado por año. A esto se suma la elaboración de una lista con los senadores y cuántos trabajos de este tipo encargó cada uno de ellos durante el mismo periodo. También se está realizando una planilla con todos los asesores externos -tanto personas naturales como jurídicas- y cuántos servicios prestaron durante esos cinco años y medio. Con ello, el Ministerio Público está haciendo un ranking con los senadores que más asesorías requirieron. Lo mismo están haciendo con los asesores, estableciéndose cuáles son los que más prestan servicios.
 
La Tercera hizo una análisis de los antecedentes que están en esa base de datos pública con la que está trabajando la fiscalía. En total, entre enero de 2012 y julio de 2017, 51 senadores gastaron $ 6.200 millones en pagar a 324 asesores por la realización de 4.505 trabajos (ver infografía).
 
El que más dinero desembolsó por este concepto fue el PPD Guido Girardi con $ 200 millones, seguido por el RN Francisco Chahuán con $ 199 millones y su par del mismo partido Alberto Espina con $ 195 millones. Ellos son parte del grupo de los 21 parlamentarios de esta Cámara que han encargado asesorías entre enero de 2012 y julio de 2017.
 
En cambio, el RN Baldo Prokurica, quien también es parte de este periodo, fue el que menos fondos gastó con $ 67 millones, seguido por Ignacio Walker (DC) con $ 83 millones. Así, el promedio de gasto por asesorías externas por senador es de $ 168 millones.
 
Girardi dijo que “en esa asesoría la mayoría de mi equipo es gente que trabaja conmigo colaborando en el Congreso del Futuro (…) esto se hace en 10 regiones del país y ha tenido 25 mil personas que han participado, se invita a 80 científicos internacionales, intelectuales, más 50 chilenos”.
 
Los asesores
 
En total son 280 personas naturales y 44 personas jurídicas registradas como colaboradores externos a la Cámara Alta durante el periodo analizado. De ellos, la persona natural que ha recibido la mayor cantidad de dinero por sus servicios legislativos es Manuel Benítez Gibbons, abogado que asesora al senador Carlos Bianchi (IND.), con un total de $ 190 millones.
 
Según publicó Ciper en marzo, en el marco del caso en que la fiscalía investiga presuntos delitos tributarios de pesqueras vinculados a campañas políticas, Benítez registra una boleta por $ 6,6 millones del 22 de enero de 2013 a Lota Protein. En esa misma fecha, Benítez asesoraba a Bianchi “en materia de proyectos de ley según informe”, con una remuneración de $ 2,8 millones.
 
Consultado Bianchi sobre cuáles son las labores que Benítez realiza, detalló que “lleva conmigo 12 años trabajando en las asesorías, redacta la mayoría de mis proyectos de ley”. Explicó que “puede llamar la atención como un asesor de persona natural, pero en mi caso no tengo institutos ni instituciones, por mi condición de senador independiente”, que realice asesorías.
 
El segundo asesor que más dinero ha percibido del Senado es el abogado y ex candidato a diputado Juan de Dios Parra Sepúlveda, quien asesora al senador PS Juan Pablo Letelier. De acuerdo con los registros, Parra recibió $ 169 millones por concepto de asesorías a la Cámara Alta. Al respecto, Letelier indicó que “él es mi mano derecha. Es mi asesor principal hacer más de ocho años. Es un abogado con el que trabajo en los más diversos temas. Fue secretario general de la Asociación Latinoamericana de DD.HH.”.
 
En el tercer puesto está el ex jefe de gabinete de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) de Sebastián Piñera, Pablo Urquízar Muñoz, quien percibió en total $ 119 millones. El asesora a Espina y a la UDI Jacqueline van Rysselberghe. “Soy abogado de la UC, master en Derecho y postítulo en Derecho Internacional de los DD.HH. Tengo amplia experiencia en materias constitucionales, de derecho parlamentario y de DD.HH. Trato de abarcar las asesorías de un modo integral, no es solo la elaboración de una minuta específica para que el senador tenga presente, sino que también la elaboración de proyectos de ley, indicaciones y documentos jurídicos”, dijo. Detalló que ha asesorado -al menos- en 22 proyectos de ley.
 
Según Espina, “él tiene un pago mensual y trabaja conmigo desde agosto de 2014. Es un asesor de primer nivel que ha trabajado los proyectos más relevantes de la Comisión de Constitución y algunos del gobierno anterior. No es que me preste asesorías ocasionales, sino que es un asesor fijo”.
 
En relación a las personas jurídicas, quien lidera el ranking de mayor dinero percibido es el Centro de Estudios Legislativos, Administrativos, Políticos y Económicos (Celap), con $ 321 millones por un total de 121 asesorías. La sociedad fue contratada por el ex PS Fulvio Rossi, quien encargó 66 asesorías, y el PPD Jaime Quintana que requirió las otras 55, quien señaló que “es una empresa con años de experiencia en asesorías, que presta servicios a varios parlamentarios de centroizquierda. En mi caso elaboran minutas e informes, seguimiento de comisiones y Sala, asesoría en proyectos de ley”.
 
La lista continúa con el Instituto Libertad que recibió en total $ 217 millones y fue contratado por Chahuán, Espina, Prokurica, Carlos Larraín (RN), José García Ruminot (RN) y Manuel Ossandón (RN). Su director ejecutivo, Aldo Cassinelli, explicó que “cada informe o contrato equivale al valor de $ 1 millón más o menos”. Además explicó que luego de darse a conocer lo del “copy-paste”, “Instituto Libertad hizo un nueva instrucción bibliográfica para el tratado de las citas a sus asesores”.
 
La tercera entidad más beneficiada por los legisladores es el Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades) con $ 194 millones. De las 64 asesorías realizadas por esta entidad, 63 fueron encargadas por el DC Jorge Pizarro, quien dijo que sus servicios consisten en “información, asesorías, detalles de procedimientos legales, trabajos en comisiones, informes, documentos, distintas cosas dependiendo de la necesidad. No siempre he trabajado con esta corporación, pero de hace ya varios años que lo hago”.
 
 
 
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